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La segregación acordada por Vox y PP dejaría fuera al 23% de la población de las grandes ciudades gallegas

Hace unos días, Vox obligó al PP a incorporar en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón el principio de "prioridad nacional" en el acceso a "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas". Literalmente, en los dos documentos firmados por las dos formaciones de derecha y ultraderecha, se indica el compromiso de "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, inspirado en el principio de prioridad nacional, que busca la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen una conexión real, duradera y verificable con el territorio". Dado que discriminar a una persona por su lugar de origen es ilegal (el artículo 14 deja claro que "los españoles son iguales ante la ley, sin que se permita discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" ), ambas partes insisten en que, en la aplicación práctica de este principio, entraría en juego el "arraigo" de una persona en un territorio, sobre todo, medido por los años que lleva inscrita en ese lugar, además de otros factores como los "vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y formativos", el "hi