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Defender los trenes es defender el servicio público

Hablar de vandalismo y de trenes es hablar de más de seis millones de euros. Seis millones de euros que nos cuesta a todos los catalanes y catalanas cada año. Dinero que deja de destinarse a escuelas, hospitales o al mantenimiento de carreteras; en definitiva, recursos que no llegan a los servicios públicos que sostienen nuestro día a día. La proposición de ley que se ha presentado al Parlament no va solo de trenes pintados. Va de algo más profundo: de civismo, de convivencia y de responsabilidad colectiva. No es únicamente una cuestión de imagen o de estética. Es, sobre todo, un problema que genera retrasos constantes. Retrasos para llegar al trabajo, a una cita médica o a la universidad. En resumen, afectaciones directas en la vida de cientos de miles de usuarios que dependen del transporte público para organizar su rutina diaria. Estamos ante un problema real de calidad del servicio público. Porque proteger los trenes no es solo proteger infraestructuras físicas. Es proteger un servicio esencial que vertebra el territorio y garantiza la movilidad de miles de personas. Cada acto vandálico tiene consecuencias que van mucho más allá del daño material: implica trenes fuera de servic